*Isabel Uriostegui
Desde hace unos años periodistas, activistas, investigadores entre otros se han interesado en la protección y reconocimiento de los llamados whistleblowers, también traducido al español como denunciantes internos o alertadores. Sujetos que se han enfrentado a la corrupción gubernamental, institucional y, también dentro de grupos de interés (stakeholders) —pues la corrupción está presente en todos los espacios sin distinción—.
Este enfrentamiento que realizan los alertadores en solitario muchas veces dejando de lado su seguridad, tiene como eje común la lucha por el interés general, al advertir que con ese acto de corrupción del cual son testigos, o fueron obligados a ser parte, se puede dañar el bienestar de toda la sociedad, de ahí la defensa pública por parte de sus defensores hacia actores como Chelsea Manning, Edward Snowden, y en México agencias de información como Méxicoleaks.
Ahora, ¿qué diferencia existe entre un soplón y un alertador? Y ¿por qué no debemos confundir la difusión de información de los primeros con la desobediencia civil de los últimos? Dar respuesta a esa pregunta se vuelve más importante cuando vemos el surgimiento de figuras que envueltas en actos de corrupción en los que participaron, comienzan a filtrar o compartir información sobre actos ilícitos, como es el caso de Emilio Lozoya y el caso, ahora tan mencionado del diputado de Morena Magdaleno Rosales Torres.
Un soplón, según la literatura sobre denunciantes internos (Irma Sandoval,2010), es un sujeto que inserto dentro o como testigos de los actos de corrupción decide denunciar porque será beneficiado de alguna forma con la visibilización del acto. El beneficio puede ser variado y es posible identificarlo al analizar su relación con el sujeto visibilizado. De acuerdo con lo anterior Emilio Lozoya es un soplón o informante que decidió colaborar compartiendo información relevante a la que él tenía acceso debido a su posición de poder y a lo involucrado que estaba dentro de esos actos ilícitos. Pero, qué tanto la publicidad que se le dio a Lozoya ha enseñado a otras personas corruptas a pensar que, al ser denunciados, la manera de lidiar con el escrutinio público será visibilizar, como forma de venganza, la corrupción de otros.
Hace poco se presentó el caso del diputado local veracruzano de Morena, Magdaleno Rosales Torres que fue acusado, por un soplón, de abuso de poder y nepótismo por tener contratado a su hijo, como chofer (con sueldo de 15 mil), en la partida que recibe para sus gastos de operación como diputado local. La acusación se engrosa, no por lo supuestamente desorbitante del sueldo, sino porque desde el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, se pide a los y las legisladores preservar, la honradez y no generar ningún provecho a él/ella o a terceros a condición del ejercicio de su cargo. ¿Cómo es que se llega a la conclusión de que Rosales fue acusado por un soplón? Porque la diferencia de actuar de los whistleblower y, también, de las agencias de información como MéxicoLeaks, Wikileaks y otras tantas organizaciones dedicadas a luchar contra la corrupción es que ellas presentan pruebas, argumentos que sostiene la acusación y su información es parte de un proceso de investigación que lleva impreso la lucha de un alertador que muestra un manejo total del tema. Definido esto se distingue la labor del alertador en contraste a una nota motivada por un soplón que solo comparte la información sin decir de dónde salieron los datos y, el por qué denunciar.
La historia de Rosales no termina ahí, el diputado local en respuesta a la denuncia puesta en su contra arremetió contra el Secretario de Educación en Veracruz, Zenyasen Escobar Pérez, por estar relacionado a una red de enriquecimiento ilícito. El diputado, manifestó tener pruebas de gastos, ahora sí, de grandes cantidades de dinero, que implica una red que puede involucrar a directivos del congreso. El discurso de Rosales es un claro ejemplo de un soplón que no da información precisa, ni presenta pruebas o argumentos claros sobre el caso que denuncia.
De los casos expuestos se concluye que es importante que la ciudadanía tenga clara la diferencia entre filtraciones de información que se usan como un arma política entre soplones y, la figura del alertador que trata de luchar contra la corrupción, sabiendo su rostro y los alcances de su poder. Pero ¿quién recaba la información de los soplones? ¿quién debe averiguar si tras de su información existe, efectivamente, una red de corrupción? Es imprescindible que ante una corrupción tan normalizada en el servicio público se abran nuevos mecanismos para investigar actos no solo de enriquecimiento ilícito sino, también, del abuso de poder. Apoyándose de las fuentes alternativas como MéxicoLeaks, que en este caso pueden ser agencias de información o periodistas de investigación que no solo se activen ante los grandes casos.
Isabel Uriostegui, especialista en comunicación política. Maestra en comunicación por la UNAM.
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