Desde hace varias semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado abiertamente su interés en desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las razones de su propuesta de desaparición es que el INAI es un órgano autónomo que ejecuta las mismas labores que la Secretaría de la Función Pública (SFP). Además, AMLO alega que es un instituto en el que se gasta mucho, sobre todo en los sueldos de directivos y en renta de oficinas, según demostró en su conferencia matutina del cuatro y ocho de enero.
Otra razón, que podría incluirse a los argumentos expuestos por el Ejecutivo Nacional es que pocas personas conocen la labor del INAI. Es más, para muchos mexicanos dicha institución debe ser algo totalmente ajeno a su vida diaria. Y quizás, ese debe ser el mayor problema para atacar, la falta de conocimiento sobre la importancia de tener instituciones para facilitar el acceso a la información.
Democracia y transparencia
La democracia tiene sus cimientos en valores que permean a las instituciones, sus agentes y a los ciudadanos, entre ellos se encuentra la transparencia y la rendición de cuentas.
Por parte del sector gobierno, incluyendo organismos autónomos, se tienen que facilitar las condiciones de acceso a la información. Así los ciudadanos pueden conocer sobre las acciones que realizan las organizaciones públicas, como la distribución de los ingresos, las reformas a las leyes, los nombramientos de funcionarios, la existencia de conflictos de interés, transparentar procesos deliberativos, etcétera.
Los ciudadanos, por su parte, deben tener interés en conocer los actos de gobierno, por ejemplo, nuevos impuestos a pequeños comerciantes, disminución del presupuesto a investigadores o desaparición de programas sociales.
Por lo tanto, el valor de la transparencia y la rendición de cuentas es una herramienta de información de gran utilidad para los ciudadanos y la sociedad civil. Además, les permite reaccionar frente a las acciones de gobierno, y en contraparte, las organizaciones públicas generan certeza, legalidad y legitiman sus acciones.
Meter todos los huevos a una canasta
Desde que comenzó la llamada ola de la gobernanza, la mayoría de los gobiernos en América Latina han integrado dentro de la función pública nuevos valores como el de la rendición de cuentas, transparencia, participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, uso responsable de los bienes públicos y, la descentralización del poder en distintos órganos autónomos.
Descentralizar el poder se traduce en repartir la toma de decisiones en diferentes puntos. Un claro ejemplo de un gobierno centralizado son los municipios en el país, en donde el presidente municipal tiene la última palabra sobre todas las decisiones. Concentrar el poder en una sola persona o institución va en contra de una democracia, fundamentada en pesos y contrapesos.
El INAI en los últimos meses se ha convertido en un contrapeso a la Secretaría de la Función Pública, sobre todo a la hora de transparentarla. Por ejemplo, fue gracias a una investigación del INAI que se denunció una posible filtración de datos personales de servidores públicos. Asunto que han seguido muy de cerca organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales
El INAI hace lo que puede
Una de las más recientes batallas que ha tenido el INAI contra la SFP es en el tema de la plataforma de alertadores. La plataforma llamada Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción es una gran política pública que busca ofrecer otros mecanismos para la transparencia de la información. Se le conoce como alertador, denunciante o whistleblower al funcionario público que al ser testigo de un acto de corrupción decide denunciar.
Dar seguridad a los denunciantes es una lucha que se ha dado desde diferentes ámbitos, incluso la actual dirigente de la SFP Eréndira Sandoval está dentro de ese grupo. Pero lamentablemente la plataforma se ha vuelto una caja negra imposible de abrir.
Incluso a finales de diciembre del año pasado el INAI pidió revelar información sobre cómo se protegen a los alertadores. También, en este espacio analítico se ha pedido información sobre dicha plataforma, que consta en el folio 000270030542020 (se anexa imagen del documento). La respuesta de la SFP fue clara, “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”.
El limitar o cooptar el acceso a la información y trasparentar los procesos de gobierno es atentar contra la democracia. La existencia de un organismo autónomo dedicado a esta labor es para garantizar el derecho que asiste a los ciudadanos. Depositar en manos del Ejecutivo Federal vía la SFP es dejar que los lobos cuiden a las ovejas.
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