El pasado 3 de febrero, Ricardo Monreal, senador de Morena, presentó una iniciativa de reforma para regular a las redes sociales. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó en contra, porque se opone a la censura, tanto la que es promovida por el gobierno como la que generan los medios de comunicación.
¿Cuál es la propuesta de regulación de redes sociales de Monreal?
La regulación de redes sociales es una iniciativa para reformar la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de incorporar a las empresas que prestan el servicio de redes sociales en internet. Ricardo Monreal como líder del partido en el Senado comunicó la propuesta.
Según Monreal, la iniciativa de ley busca proteger y garantizar la libertad de información y libre expresión de los ciudadanos. Por lo tanto, la propuesta va esencialmente a regularizar el negocio.
¿Cuál es el trasfondo de la reforma?
La ley va específicamente a evitar que se susciten situaciones similares a la cancelación de la cuenta del expresidente de EUA, Donald Trump, en el conflicto postelectoral. Es decir, imposibilitar a las redes sociales para que bloqueen o cancelen cuentas en el país, según sus criterios empresariales.
Aunque, hasta ahora no sabemos qué pasará si la red no accede a obtener una autorización, ¿se le bloqueará? ¿Será bajo su propio riesgo?
¿Cuáles son los puntos de la reforma?
La iniciativa, menciona textualmente que “tiene el fin de que se pueda garantizar la libertad de expresión en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de cuentas, aportando a la seguridad jurídica de usuarios y prestadores del servicio”.
También, especifica las siguientes regulaciones:
- Aplica solo a redes mayores de un millón de suscriptores.
- Se crea la figura de “Autorizaciones para los servicios de redes sociales”.
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones será la autoridad en mediar los conflictos entre usuarios y las empresas de las redes sociales.
- El diseño de un mecanismo expedito para recibir impugnaciones, que debe dar resolución en 24 horas.
- Busca proteger los derechos de los menores de edad; que se elimine la difusión de mensajes de odio; que se evite la propagación de noticias falsas; que se protejan los datos personales conforme a la legislación de la materia. Para eso el Instituto Federal de Telecomunicaciones facultado por el nuevo Artículo. 175 bis deberá prever: limitaciones para que se elimine la difusión de mensajes de odio, noticias falsas y que se protejan los datos personales.
¿A quiénes afectaría?
En relación de cómo afectaría a los usuarios, todas son suposiciones, es decir, la empresa podría ser sometida a las órdenes del gobierno por miedo a ser multado o perder la autorización. Además, si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, según el artículo 28 constitucional se integra de propuestas del Ejecutivo y es aprobado en el Senado. Pero previendo, una mayoría parlamentaria de un partido sea el que sea, posiblemente se estaría comprometiendo el ejercicio de neutralidad.
En relación con los usuarios, quizás en elecciones, un ciudadano podría ser multado por difundir en redes sociales su preferencia en veda electoral ya sea por el INE o el Instituto.
Otro tema que puede suscitar controversia de la reforma son las responsabilidades que tendrán las empresas, pues según la iniciativa, Facebook y Twitter. Tendrán que monitorear este tipo de contenido por medio de algoritmos, y el Instituto atenderá casos particulares, es decir posiblemente figuras públicas. Lo que es un arma de doble filo porque por una parte da seguridad, pero genera censura.
Del cómo se hará
En ese tema podemos prever dos escenarios. 1. Que Facebook se encargue de restringir las publicaciones por medio de los algoritmos. Con eso, posiblemente veremos la eliminación de palabras ofensivas en la red. Y por parte del Instituto, en donde se pondrá atención a figuras que causen revuelo. Quizás la oposición es la más preocupada sobre dicha iniciativa.
En conclusión, sí habrá una serie de restricciones “nuevas” de contenido. Sumadas a las que ya existían y, las cuales ya generaban molestias entre los usuarios. La diferencia, sustancial, es que ahora en caso de inconformidad habrá una instancia en dónde resolverlas.
Además, no vemos la participación activa de los ciudadanos más que con su derecho a quejarse. Por ejemplo, no pueden participar señalando una publicación como indebida, tal cual se aprobó en Alemania y que el mismo Ricardo Monreal utilizó de ejemplo en entrevistas. Es decir, todo el poder queda en empresas como Facebook y Twitter, y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
De fondo hay una confusión en los conceptos
Si bien, la actual ley podría proponer, algunos mecanismos de protección a usuarios muy difícilmente una iniciativa creada para medios de comunicación masiva servirá para regular el internet. Es evidente que se está confundiendo los conceptos y evadiendo la discusión de asuntos importantes.
La confusión se nota cuando el mismo Ricardo Monreal propone que las redes sociales son iguales que los medios masivos de comunicación, así lo menciona en su mensaje en Twitter. Lo cual es totalmente incorrecto. Si bien son parte de un negocio que funciona bajo las reglas de la economía capitalista. En sus usos es completamente distinto a los medios masivos. No solo informan y entretienen, como lo plantean Monreal, las redes sociales son espacios individuales de expresión en dónde, el usuario como productor de contenidos compartes de forma horizontal con otros tu mensaje. No son medios de comunicación verticales. Las personas entran a la red social no solo para divertirse o informarse, sino para socializar, identificarse, expresarse.
Equiparar los medios tradicionales con las redes sociales tal como lo hacen, es pasarse por alto todo lo relativo a la cultura digital, los derechos digitales, como el acceder, usar, crear y publicar en medios digitales.
Se dibujan dos caminos
Donde alguien debe ejercer el control, puede ser el gobierno, o las mismas empresas. La idea de esta perspectiva es vigilar y castigar. Ven el internet como un caos dónde prevalece la desinformación, los delitos y la desregulación comercial. Este camino le quita libertad al uso de internet y combinado con gobiernos poco democráticos o con malas prácticas empresariales puede propiciar la censura.
El otro camino es el de proteger al usuario para que se introduzca al entorno digital, con la seguridad de que sus datos no serán robados (con una ley de protección de datos), en donde se garantice el derecho a no ser vigilado, un lugar donde se sancione a los ciber delitos (como la publicación de pornografía infantil, mensajes de incitación al odio, mensajes terroristas), que en internet se tenga la capacidad de interactuar con usuarios de todo el mundo ( quizás tener el derecho a una ciudadanía digital), también garantice que no habrá abuso de las empresas ( protecciones a usuarios), es decir que se podrá expresar con libertad la forma de pensar. En realidad, toda esta agenda de derechos aún se comienza a dibujar a nivel mundial.
Creo que en México se iba por un buen camino relacionado a lo anterior, es el caso de la ley Olimpia que tipifica el delito de violación a la intimidad sexual e impone una pena de tres a seis años de prisión y una multa a quien comparta imágenes sexuales sin consentimiento.
Además, hay muchos retos que deben cubrirse y que no mencionan en la presentación de la iniciativa. Es el caso de eliminar la llamada brecha digital en el país, según el INEGI en 2020 solo el 76.6% en zonas urbanas tiene acceso a internet, y más preocupante aún en áreas rurales únicamente tiene internet 47.7% de los ciudadanos. Los mexicanos con solo educación básica son los que menos pueden acceder al uso del internet, lo cual también los convierte en analfabetas digitales.
Reiteramos, Se debe ir más allá. Más que una iniciativa de regulación se debe promover una iniciativa de ley que proteja los derechos digitales y de expresión. Que incluya la protección de datos, privacidad, seguridad, y en especial eliminar la brecha digital. Asimismo, se debe reconocer en la normatividad mexicana los derechos digitales, que posibilitan a los usuarios de internet acceder, crear y publicar contenidos en medios digitales.
LETRAS ACTUALES 